Legalización del aborto.

Una vez más se presenta una propuesta para despenalizar el aborto.

No dejan de llamar la atención los fundamentos esgrimidos para legalizar el poner término a la vida de los no nacidos.

En primer lugar, en cuanto a la cifra de 160.000 abortos que se cometerían en Chile, este dato es imposible de corroborar, ya que el aborto es un delito no siempre denunciado ni fácil de pesquisar.

Efectivamente, la única cifra oficial relacionada existente son los egresos hospitalarios por aborto que registra anualmente el Ministerio de Salud. En estos, se incluyen tanto los abortos provocados como los espontáneos, ya que no se registra la causa de éste cuando la paciente es ingresada al hospital. Esta cifra es de poco más de 34.000 para el año 2003.

En segundo lugar, la cantidad de 160.000, se obtendría al multiplicar por 4 dichos egresos hospitalarios, (porque se supone que uno de cada 4 abortos se complicaría necesitando atención hospitalaria), cifra que para el año 1999 fue de 42.000 egresos, lo que permite hablar de 160.000 abortos. Pero, nuevamente se comete el grave error de incluir los abortos no provocados.

Chile está enfrentando hoy una baja de la natalidad muy importante (1,9 hijos por mujer) menor incluso a la mínima de reposición que es de 2,1 hijos promedio. Por lo que las políticas públicas debieran ir a reforzar los nacimientos y no a disminuirlos aún más.

Si lo que a los parlamentarios patrocinantes de la iniciativa les preocupa es la defensa de las mujeres más pobres, por prácticas de aborto clandestino, es importante señalar que, de acuerdo a los últimos datos disponibles (INE 2003), en todo el país las muertes por aborto, incluidos los espontáneos, fueron 7.

Más muertes por aborto se producen en países donde éste es legal, un ejemplo concreto es Finlandia donde durante 13 años se estudiaron las muertes maternas por aborto y parto. La conclusión fue que dichas muertes son casi tres veces mayores (2.95) que las producto del parto.

Preocupémonos de mejorar las condiciones de vida de las mujeres más pobres como viviendas más dignas; flexibilidad laboral para que se incorporen al mundo del trabajo remunerado, y así aumente el ingreso familiar; verdaderas políticas de prevención de embarazo juvenil, que apunten a la formación más que a la anticoncepción, y reforcemos el valor de la vida en toda circunstancia incluso de los no nacidos. Gracias a que nuestras madres –tanto las de los diputados patrocinantes así como la mía- decidieron permitirnos el derecho a vivir, es que hoy podemos discutir de este tema.