| 5 | 19/05/04 | |
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Imaginemos la siguiente situación: una mujer con un embarazo de tres meses llega al consultorio, aquejada de un fuerte dolor muscular; el doctor de turno la examina, le suministra el remedio previsto para el tipo de afección diagnosticada -aun para mujeres embarazadas- y la manda a su casa; al cabo de un día, muere la criatura que estaba en el vientre materno. Los exámenes posteriores revelan que dicho remedio, ingerido por mujeres con un cuadro clínico de determinadas características, como el de la paciente de este caso, es capaz de provocar un aborto. ¿Quién es responsable de tal resultado? Entre otros, el organismo público que autorizó la provisión de ese remedio y, particularmente, los funcionarios que tomaron la decisión. Dadas las propiedades de lo ocurrido, ellos podrían ser acusados de cuasidelito de aborto, por haber actuado negligentemente. Tomemos ahora el caso de la píldora del día después. Una mujer llega al consultorio y solicita que se la suministren. Al cabo de unos días, se sabe que, contra lo esperado, aquélla actuó después de la fecundación, provocando un aborto. ¿Quién es responsable legalmente? Otra vez, entre otras, las personas que ordenaron la provisión pública de la píldora, sólo que en este caso lo serían de delito, y no meramente de cuasidelito, puesto que su conducta va más allá de la negligencia. En efecto, hasta el momento, la ciencia médica no ha alcanzado un acuerdo respecto del carácter abortivo o no abortivo de la píldora - y así lo estableció la Corte Suprema- , por lo que quien promueve su utilización está aceptando un potencial aborto, aunque no quiera que ocurra. En la doctrina, eso se llama dolo eventual, que legalmente es asimilable al dolo directo. Lo anterior lleva a concluir que cuando la píldora del día después actúa con posterioridad a la fecundación, la autoridad sanitaria comete el delito de aborto, en calidad de inductora, o, incluso, de autora mediata. Desde este punto de vista, en el escenario de que un alcalde o el jefe del consultorio o un doctor dispongan de atribuciones legales para oponerse a la decisión de la autoridad central, no sólo tienen el derecho de hacer uso de ellas, sino la obligación, porque, de lo contrario, al otorgar también su venia, estarían siendo partícipes del delito. En otras palabras, no se trata de un asunto de conciencia - ni mucho menos de un asunto religioso-, sino, derechamente, de un asunto jurídico. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia entre las dos situaciones antes planteadas? Que en la primera es posible probar el hecho punible, mientras que en la segunda, no. Esto significa que las autoridades pueden soslayar la acción de la justicia, pero, a menos que se hayan hecho un lavado de conciencia, deberían saber que están violando el ordenamiento jurídico, el mismo que los presidentes juran o prometen guardar y hacer guardar. Si lo que se quiere es legalizar el aborto, entonces dejémonos de eufemismos y tengamos una discusión franca al respecto. En una democracia, eso se hace a través del Congreso y dando la cara al país, no por la vía de resoluciones o decretos dictados entre gallos y medianoche. Por
Juan Carlos Eichholz
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