|
Divorcio
y pobreza: consecuencia inevitable
Con la entrada en vigencia de la Ley de Divorcio, surgen muchas
interrogantes y una de ellas dice relación con las llamas
"compensaciones económicas", establecidas teóricamente,
para minimizar los efectos del divorcio principalmente económicos,
valga la redundancia, ya que impedirían que la mujer
quedara en una situación económica inferior a
la que vivía antes de divorciarse.
Esta
compensación aparece como una solución ideal.
Me recuerda las películas y series norteamericanas donde,
en un elegante bufete de abogados, ambos cónyuges negocian
los miles de dólares que deberán pagarse para
autorizar el divorcio. Normalmente en estas películas
el final es feliz. Sin embargo, esto ocurre en Hollywood, pero
no es la realidad de los ciudadanos comunes de Estados Unidos.
Diversos
estudios realizados, tanto en Europa como en Norteamérica,
demuestran que familias que no eran pobres antes del divorcio,
tras éste vieron disminuidos a tal punto sus ingresos
que el 50% de los hijos de dichas parejas cayeron bajo la línea
de la pobreza, mientras el ingreso familiar disminuyó
entre un 42% y un 50%.
Si
consideramos que en nuestro país el promedio de ingreso
de los hogares es de $500.000 mensuales y el 20% más
pobre, vive con un ingreso promedio de $200 mil, hablar de compensaciones
económicas se transforma en letra muerta.
Otra
realidad con la que choca el texto legal es el escaso cumplimiento
en el pago de las pensiones alimenticias. El censo realizado
en Estados Unidos en 1991 muestra que a sólo el 15% de
las mujeres divorciadas se les asignó una pensión.
De ellas un 41% percibía la totalidad, el 28% una parte
y el 31% no la recibía. En Chile, la situación
no es muy diferente, donde el 50% de ellas es de un monto inferior
a $50.000 mensuales y donde sólo el 26% de las órdenes
de arresto por no pago de pensión culminan con el pago
íntegro de ella.
De
acuerdo a los datos de la Oficina de la Reserva Federal de USA
de 1995, el 32,4% de los hogares con hijo que vivían
bajo la línea de la pobreza, correspondía a familias
divorciadas, y el 59,6% a hogares monoparentales nunca casados.
Siendo un 7,7% las familias pobres que se encontraban casadas.
Tal
como lo señalara la revista The Economist, es posible
concluir que la inestabilidad familiar es uno de los principales
atentados contra la igualdad de oportunidades. Cuando hay que
dedicar una parte importante del PIB nacional a asistir o subsidiar
a los que no pueden bastarse por sí mismos, el Estado
se ve obligado a asumir lo que compete a los padres de familia,
lo que hace difícil que un país aumente su riqueza.
|