| Septiembre 2007
En los últimos días la Presidenta de la República Michelle Bachelet, ha planteado una serie de nuevas propuestas en pro de la igualdad hombre y mujer, entre las que se destaca el establecer una cuota mínima de candidatas mujeres que deben presentar los partidos políticos en las elecciones.
Desde luego, no cabe duda que la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo, así como su influencia y aporte en el mundo público no es ya un deseo, sino una realidad cada vez más creciente y tangible.
Bien podría señalarse entonces, si la afirmación anterior es correcta, que las nuevas políticas impulsadas por el actual gobierno no estarían descubriendo nada nuevo, sino más bien se estarían haciendo cargo de ciertos fenómenos sociales cuyas causas son tan diversas como complejas y por ende más profundas que una eventual discriminación arbitraria.
Chile en los últimos 20 años ha ido modificando su manera tradicional de enfrentar estos temas desde una política de Estado subsidiario, a un Estado mucho más protagonista. Donde no necesariamente se busca corregir una discriminación, sino que derechamente intervenir para cambiar ciertas conductas o apresurar los procesos naturales.
En este nuevo escenario se plantea también una visión de persona distinta, donde la libertad individual no es la actora principal de las decisiones, sino que ésta se ve limitada por el poder público a través de las leyes y normas esto es, la persona antes que individuo es ciudadano y por ende depende en mayor medida del Estado.
Si el diagnóstico muestra que hay pocas mujeres participando en política contingente, principalmente en los procesos electorales, cabe preguntarse legítimamente si esto se debe exclusivamente a un excesivo machismo o que las mismas mujeres se niegan a participar en un sistema que le va a implicar muchos costos personales que no está dispuesta a asumir. Lo mismo podría decirse también por ejemplo, de la poca presencia femenina en los puestos directivos y gerenciales de las empresas.
Frente a la decisión estatal de intervenir o no con una política anti discriminatoria o desigual, es importante considerar entonces, que las personas toman sus decisiones no sólo en base a las leyes sino que analizando los costos y beneficios que ésta decisión supone en la búsqueda de un mayor equilibrio de sus necesidades tanto laborales como personales y familiares.
Por lo anterior entonces, no puede sino aceptarse que estos procesos, así como las regulaciones y las facilidades que aseguren una mayor participación de la mujer en la vida política partidaria es tan sólo un punto de partida de un fenómeno que por naturaleza y definición, no puede sino ser gradual, y que requiere, por sobre todas las cosas, de mucha comprensión, de una dosis importante de menos machismo, especialmente y aunque suene paradójico, de las mismas mujeres y por supuesto, también del tiempo necesario para que ella pueda demostrar sus innegables y múltiples condiciones y virtudes.
La necesidad imperiosa de una sociedad mejor, más solidaria, más sensible y a escala humana, reclama y exige la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida en sociedad, aunque sin perder de vista que sus especificidades, aportes y su propia y providencial naturaleza, no tienen ni podrán tener nunca, sustituto alguno.
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