EL MERCURIO, 21 de marzo 2008

A comienzo del año vimos cómo las autoridades de gobierno lanzaban campañas para que deudores de pensiones de alimentos cumplieran con sus obligaciones. Incluso se informó que más de 300 funcionarios judiciales y abogados fueron capacitados para estas causas y así evitar el colapso del sistema.

Asimismo, se resaltaron las diversas sanciones por no cumplir con dicho deber, como la retención de las devoluciones de impuestos, privación de libertad y la suspensión de la licencia de conducir.

La última información entregada por el Sernam señala que por esta causa más de siete mil personas tuvieron que dormir en la cárcel el 2007. Las demandas parecen no disminuir e incluso medidas como éstas han perjudicado la posibilidad de que los afectados generen los ingresos necesarios para paliar sus deudas. Es así como las pensiones siguen impagas y aumentando mes a mes.

Para quienes estamos trabajando diariamente con las familias chilenas por medio de un programa de apoyo para dar soluciones a los conflictos que aquí se generan, vemos cómo la necesidad de prevención se hace cada vez más necesaria para evitar que un grupo familiar llegue a los tribunales en busca de soluciones. Hemos comprobado que la ayuda de profesionales especializados en distintas áreas logran buenos resultados para conciliar la vida de las personas afectadas que llegan a nuestra institución.

Proponemos que parte de los recursos destinados a mejorar el proceso para que ningún niño se quede sin su pensión alimenticia, también contemple un mejoramiento en la instancia de prevención y así llegar a soluciones en algunos casos más efectivas y que eviten la vía judicial.

Carolina Cruz Ugarte
Fundación Chile Unido